Al cierre del Programa de Seguro Popular, contaba con más de 51.8 millones de afiliados.
Senado de la República (20 de febrero de 2020).- Señalamientos de corrupción fueron la causa de  la desaparición del Programa Seguro Popular, acorde con declaraciones de la Dra. Asa Elba Christina Laurell , Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, por ello, y a razón de no ser suficiente después de una acusación únicamente cerrar programas, la Senadora Claudia Anaya solicitó a la FGR información sobre los expedientes que dan cuenta de las irregularidades señaladas por las autoridades gubernamentales en la materia.
“El razonamiento de cambiar el modelo de atención a la salud para dar paso al Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI) se ha basado en señalamientos de numerosos actos de corrupción en el Seguro Popular, pero nadie hasta la fecha conoce de averiguaciones previas o de sentencias relacionadas con este delito”, expresó la Senadora Anaya.
De todos es conocido, dijo, que la implementación del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI) ha generado más incertidumbre que certezas y lo preocupante es que su ineficacia está costando vidas o bien, el detrimento de la calidad de vida de las personas que no están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); preocupa de sobremanera, que la falta de medicamentos afecta también a las familias afiliadas a estos dos institutos de salud.
La Senadora Claudia Anaya subrayó que, independientemente de las investigaciones realizadas por autoridades administrativas y las sanciones que éstas determinen, los actos de corrupción se denuncien ante el Ministerio Público: “Se tendría que haber aperturado la respectiva carpeta de investigación y realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de un acto delictivo, tal y como se prescribe en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
“No queremos que los Programas Sociales se terminen por ocurrencias o caprichos, sino que su cancelación estén motivados en hechos reales, objetivos y concretos y que no quede en duda la razón de la desaparición del Seguro Popular, porque también es necesario que derivado de las investigaciones, se sancione a los responsables. No estamos para tapar a nadie”, afirmó.