Senado de la República (20 de julio de 2020).- Al no existir una sanción para los servidores públicos que mienten aún bajo protesta de decir verdad frente al Pleno de las Cámaras del Congreso de la Unión, la Senadora Claudia Anaya, propuso una reforma a Ley General de Responsabilidades Administrativas. En su iniciativa, la Senadora explica que la “protesta de decir verdad” como obligación de los servidores públicos que comparecen ante el Congreso de la Unión, se aprobó  en 2014 en la Ley de Congreso General, pero no está tipificada de ninguna forma; además de que no existen mecanismos de sanción ante las y los funcionarios que deciden dar respuestas a medias o que definitivamente deciden mentir de manera deliberada ante los cuestionamientos de las y los legisladores federales sobre asuntos que les competen y que son de interés para el desarrollo de la nación. “Pareciera entonces, que cualquier servidor público puede venir a mentirnos sin que medie una sanción alguna frente a este comportamiento que considero grave. Es momento de que haya consecuencias, porque la sola protesta de decir verdad, no nos garantiza un comportamiento ético y que nos dé un panorama verdadero de lo que sucede en la nación”, aseguró. Con esta reforma quienes resulten responsables de violar la protesta de decir verdad, cometerían una falta grave y se podría sancionar con: la suspensión del empleo, cargo o comisión; la destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Esta iniciativa, surge a partir del comportamiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Alfonso Durazo durante su comparecencia del 5 de noviembre de 2019 ante el Senado de la República, donde acudió para rendir cuenta sobre el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán (hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loaera “a” El Chapo) y dijo textualmente que: “Nadie decidió liberar a Ovidio porque nunca se contó con una orden de detención”, sin embargo, en  conferencia de prensa del pasado 19 de junio, el Presidente Andrés Manuel López reconoció que él había dado órdenes de liberar al presunto delincuente.  “Cuando un servidor público que comparece le miente a los legisladores, le miente a México, le oculta la verdad, le falta al respeto, y con ello, evade sus responsabilidades.  Urge que el Congreso se encamine hacia su fortalecimiento que le permita colaborar con el Ejecutivo Federal en un diálogo de pares en beneficio del pueblo de México”, señaló.