Opinión de Osvaldo Avila Tizcareño
Muchos son los derechos contenidos en la Constitución y a pesar de ser contundentes para salvaguardar los Derechos Humanos de los mexicanos se han convertido en derechos de papel que a la hora de materializarse simple y llanamente encuentran múltiples obstáculos impuestos precisamente por quienes antes juran respetar y hacer valer la ley.
Uno de los artículos que estipula diversas garantías es el 4 de nuestra Carta Magna, contempla el derecho a la salud, la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos de la niñez y el derecho a la vivienda, como puede verse se trata de la defensa de los derechos elementales de las familias.
Hoy quiero referirme al párrafo dedicado al derecho a la vivienda y que a la letra dice: “Toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
En este enunciado claramente se especifica el derecho de los mexicanos a lograr condiciones dignas para la residencia de sus familias y la obligación de las instancias gubernamentales a efecto de cumplir tal precepto, sin embargo la realidad muestra otra cosa. Los datos del Censo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) revelan que de 442,263 viviendas el 3% no cuenta con energía eléctrica, 1% carece de energía eléctrica, 22% no cuenta con agua entubada y 4% no tiene drenaje. A lo anterior habría que sumarle quienes carecen en absoluto de una vivienda digna y viven con familiares, hacinados o pagando rentas tortuosas que absorben más del 70% de sus ingresos.
Los datos anteriores no admiten duda alguna, está claro que la realidad contrasta con lo contenido en la ley, y aunque ciertamente tal circunstancia obedece a un rezago histórico que no puede atribuirse a ningún gobierno en particular, es necesario que se busquen opciones de solución.
En virtud de lo anterior, desde siempre los antorchistas hemos encabezado esta sentida demanda ante los tres niveles de gobierno, muestra de ello es la lucha que dimos hace años en SEDESOL siendo delegado Ramón Medina Padilla y qué decir de la gestoría ante gobierno del estado dado que en las distintas administraciones hemos promovido la construcción de pies de casa u apoyos de mejoramiento a la vivienda.
Para dar salida a estas necesidades, desde los primeros días del año los antorchistas de Fresnillo expusieron la solicitud de más de 3 mil 500 familias que pretenden acceder al programa de vivienda promovido por la federación en los municipios de alta marginación aprovechando que El Mineral es uno de las pocas demarcaciones del país que puede acceder a tal programa. Desde el primer momento recibieron un trato amable y respetuoso del Lic. Herón Rojas, subdelegado regional de la Secretaría del Bienestar, quien aceptó la petición y se comprometió a su análisis.
Pero los días pasaron y la respuesta no llegaba por lo que en reiteradas ocasiones los interesados acudieron en pequeñas comisiones esperando recibir respuesta positiva, la semana pasada acudió una representación más numerosa que recibió un trato hostil y majadero de los llamados servidores de la nación.
Por ello de nueva cuenta el pasado 21 de los corrientes acudió un número mayor de personas a solicitar respuesta a la demanda, la conducta de los funcionarios varió, ahora no hubo maltratos ni excesos de los funcionarios, pero por enésima ocasión el funcionario encargado de atender las peticiones se encontraba fuera de la dependencia y no se ofreció una futura reunión, por ello no queda de otra que apersonarse ante la Secretaria del Bienestar para pedir la intervención de la Delegada Verónica Díaz Robles.
En consecuencia es seguro que vendrán de nueva cuenta los ataques de siempre: “vividores”, “chantajistas”, “corruptos” y otros calificativos lanzarán los bots encargados de desprestigiar a quien difiere de ellos, los medios alineados dirán que se acabaron los intermediarios y que los funcionarios de la 4T no tratarán con los molestos antorchistas.
La historia de siempre se repetirá, pero actuaremos con firmeza y determinación, nuevamente levantaremos la voz para que de manera directa, subrayo, a cada beneficiario se le escuche y quien cubra los requisitos se le incorpore a los programas gubernamentales, pues nuestra militancia política no debe ser razón para ser excluidos por los gobernantes. Hago a través de este medio un respetuoso llamado para solicitar la intervención de la delegada Díaz Robles a efecto de que el derecho a una vivienda digna sea realidad y no uno más de los muchos derechos de papel. Que conste.
