Opinión de Osvaldo Avila

Desde nuestro nacimiento hace más de 47 años los antorchistas hemos enfrentado todo tipo de dificultades al pretender mejorar la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos mediante la lucha organizada: hemos pasado desde los augurios de nuestra pronta desaparición hasta el bloqueo absoluto a demandas elementales que podrían ser atendidas por cualquier gobierno, pues se  trata de solicitudes enmarcadas en la Carta Magna y por ende no significan distracción de recursos públicos de los marcos legales vigentes, pero la realidad una y otra vez nos enfrenta a la tozudez, intolerancia e incluso la persecución  de quienes detentan el poder.

                Sin embargo, aunque se trata de algo congénito a los gobernantes que no tienen compromiso social, lo cierto es que durante mucho tiempo tal circunstancia estaba embozada debido a que la descalificación a las organizaciones sociales era una arma que se empleaba soterradamente y pocas veces se efectuaba de manera personal por el titular del ejecutivo en el país o los estados. Pero con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder se desplegó una campaña encabezada por el propio mandatario consistente en calumniar y endosar todas las nefastas prácticas a los movimientos sociales para considerarlos indeseables y de ahí se instrumentaron acciones para evitar el “intermediarismo”.

                Amparados en lo anterior (y siguiendo el mal ejemplo), se ha extendido como una peste la política antipopular que atropella el derecho constitucional de libre organización y repitiendo como loros la estrategia presidencial de “no tratar con grupos organizados” por un lado, y embozadamente otros poderosos políticos desde gobiernos estatales y ayuntamientos han decidido seguir a la letra tales acciones aunque ello implique violentar la ley. Ejemplos sobrados tenemos en todo el territorio nacional, pero también como hongos después de la lluvia se han extendido repetidos casos en territorio zacatecano, baste a título de ejemplo citar los siguientes. Veamos.

                En Loreto desde hace años el antorchismo ha contribuido al desarrollo mediante la gestión de diversos proyectos carreteros en beneficio de las familias, aunado a lo anterior en los tres niveles de gobierno hemos impulsado y logrado demandas de carácter social. Amparados en esto, a pocos meses de iniciada la administración de Gustavo Aguilar Andrade, (Partido del Pueblo), acudimos a presentarle al alcalde un modesto pliego petitorio que incluía obras, servicios básicos y demandas asistenciales teniendo como respuesta inmediata que no contaba con recursos y que las peticiones debían llevarse al DIF, así como a los departamentos municipales, pues no tenía condiciones para determinar el sr. Presidente.

                Otro caso. Uno de los bastiones del PRI, que nunca ha sido derrotado y que hoy es gobernado por Omar Téllez, quien en una competida elección mantuvo la hegemonía de ese municipio y que por ende se entendería la necesidad de actuar con sensibilidad ante los problemas expuestos, pero nada de eso sucede; igual que en otros lugares se presentó por escrito un pliego petitorio con demandas similares. En el primer momento sólo recibió una secretaria la petición de audiencia y se comprometió a informar a la brevedad pero la llamada nunca llegó, de nueva cuenta se presentó una comisión a pedir entrevista y ahora la síndico municipal manifestó múltiples limitaciones presupuestales ofreciendo de nueva cuenta una plática que a más de dos meses simplemente no llega. Como señalaba en mi colaboración anterior, son gobiernos de distinto partido, pero desarrollan las mismas prácticas.

                A la lista se pueden sumar otros casos pero creo que con lo anterior se pone de manifiesto que no estamos ante un problema de partidos, que la cerrazón no es privativa de MORENA, pues como lo muestra la conducta de los munícipes de Pinos y Loreto, no importa si eres de partido chico o nuevo, al final rápido se aprenden las maniobras.

                Queda también claro que el mosaico diverso en las ofertas electorales no es garantía de atención a las demandas populares y sobre todo es necesario reflexionar y convencernos de la urgencia de conformar una gran fuerza social que tome en sus manos la conducción de la patria, pues de no hacerlo gobernantes represores como Omar Fayad en Hidalgo (PRI) o Xóchitl Flores en Chimalhuacán (Morena), seguirán haciendo de las suyas; o como en los ejemplos anteriores con esas malas copias del primer mandatario, el pueblo sólo escuchará promesas de campaña que ya en el poder se convertirán en excusas reiteradas.

En la genial novela “Tlacaélel”, de Antonio Velasco Piña, hay un elocuente e incendiario llamado a la unidad del pueblo: “la batalla verdaderamente trascendental y decisiva  tendrá que librarse ahora en el corazón del pueblo azteca”, haciendo un paralelismo, hoy los antorchistas debemos aprestarnos para luchar con esa misma firmeza y determinación buscando desenmascarar  a los enemigos del pueblo para que de esa batalla surjan auténticos líderes populares que reorienten verdaderamente el rumbo del país. Nada más, pero nada menos.