La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados manifiesta su profundo pesar y condena el lamentable feminicidio de la activista social Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre de un menor de edad con autismo.

Este hecho ocurrió el pasado 16 de julio, cuando fue víctima de un ataque en Zapopan, Jalisco, que le causó quemaduras en 90 por ciento de su cuerpo, lo que posteriormente le provocó la muerte, todo esto pese a que había denunciado ante las autoridades y hecho públicas, amenazas que lanzó en su contra uno de sus vecinos.

Dicho acto constata la grave situación de violencia de género que arranca la vida a once mujeres cada día en nuestro país. El feminicidio de Luz Raquel se suma a esta dolorosa realidad y nos obliga a reconocer la imperante necesidad de fortalecer la Política Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional, en especial la capacidad de coordinación, respuesta y atención efectiva, oportuna y con perspectiva de género a las víctimas para otorgar las órdenes de reparación y protección necesarias para salvaguardar su integridad y su vida, así como la de sus hijas e hijos.

La responsabilidad de erradicar esta problemática reside fundamentalmente en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión, así como en la sociedad, que tiene un papel imprescindible.

En México, pese a los significativos avances legislativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, los tres ámbitos de gobierno y el Poder Judicial enfrentan múltiples desafíos para frenar la violencia feminicida y la impunidad, retos cuya atención es un asunto urgente de derechos humanos que es impostergable resolver y requiere de una mayor voluntad y responsabilidad política de los gobiernos y las autoridades judiciales.

Por ello, quienes integramos la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, hacemos un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno Federal, al gobierno del estado de Jalisco y al gobierno municipal de Zapopan, así como a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República, y demás autoridades competentes, a redoblar los esfuerzos que sean necesarios para fortalecer la coordinación interinstitucional que mandata la ley, para dar celeridad a la investigación y sanción a quienes resulten responsables de este cobarde hecho de manera pronta y expedita, aplicando todo el peso de la ley.

Además, otorgar al menor hijo y familiares de la víctima todas las garantías y medidas necesarias para su protección y la reparación del daño.

La transformación del país sólo será posible cuando todas las mujeres y las niñas de México tengan acceso al ejercicio pleno de su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación.