⦁ Acusó a las comisiones de seguridad pública y de comunicaciones y transportes de violentar el proceso de análisis de diversas reformas a fin de convertir al torito en un nido de corrupción
⦁ Presentará una denuncia ente el OIC de la legislatura

En conferencia de prensa, el diputado Ernesto González Romo acusó públicamente a las comisiones legislativas de seguridad pública y de comunicaciones y transportes así como al personal técnico y jurídico de la legislatura de violentar el proceso legislativo y de ejercer atribuciones de manera indebida.

Específicamente dijo que en la discusión que se realizó al interior de las referidas comisiones para modificar la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, la de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública y la del Sistema Estatal de Seguridad Pública para establecer sanciones a quienes conduzcan en estado de ebriedad, se buscaron todos los resquicios legales posibles para convertir el tema del “torito” en un nido de corrupción.

“Lo que buscan es imponer sanciones desmedidas y dejar atribuciones sin ningún control para que la autoridad administrativa pueda acosar y hostigar al ciudadano y con esto se genere un proceso de corrupción”, manifestó el legislador de la bancada de morena en la LXIV legislatura local.

Subrayó que la intención que se puede observar en el dictamen leído al pleno es que el ciudadano prefiera sobornar a las autoridades para evitar multas tan altas, lo que al final traerá como consecuencia un negocio ilícito entre oficiales corruptos, grúas y corralones; se prepondera la corrupción sobre la concientización, afirmó.

González Romo reveló que en las reuniones de trabajo de las comisiones unidas se acordó incluir en la modificación el uso obligatorio de cámaras corporales en los operativos alcoholímetro y que se establecerían sanciones para los oficiales que deliberadamente apagaran sus cámaras para no utilizarlas. Sin embargo, refirió, en los trabajos de estudio estuvo presente personal técnico de la legislatura y el director de la policía vial, quienes se manifestaban porque no se plasmaran sanciones, pero a pesar de ello, los legisladores acordaron aprobar que el ejercicio indebido de funciones y el abuso de autoridad serían las conductas en las que incurrirían los elementos que de manera intencional no hicieran uso de las cámaras corporales, por lo cual deberían recibir una sanción punitiva.

Extrañamente, este 6 de diciembre ante el pleno de la legislatura se presentó un dictamen en el que se manifiesta que la sanción sería conforme al régimen disciplinario policial, es decir no habría un castigo real, en lo que es una muestra clara de una confabulación para hacer del torito un nicho de corrupción.

González Romo estimó que en la actualidad los oficiales corruptos llegan a obtener una utilidad de al menos 6 millones de pesos al año y, si la reforma se deja en sus términos, la cifra podría crecer hasta los 30 millones anuales.

El diputado morenista concluyó al afirmar que se está vulnerando el derecho de los diputados a legislar, por lo que anunció que presentará una denuncia por este hecho de obstrucción legislativa ante el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo.