


La diputada de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca, reafirmó su postura a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, destacando que esta reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa un paso fundamental para garantizar derechos laborales acordes con la realidad social del país y con los principios constitucionales de dignidad humana y justicia social.
La legisladora señaló que el eje medular de la propuesta consiste en reconocer que el descanso no es una concesión del empleador ni un beneficio opcional, sino un derecho fundamental que debe garantizarse plenamente. La minuta plantea establecer de manera clara que por cada cinco días de trabajo deberán otorgarse, como mínimo, dos días de descanso, consolidando así un nuevo estándar constitucional orientado al bienestar integral de las personas trabajadoras.
Desde una perspectiva jurídica, Ana María Romo Fonseca explicó que la reforma se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos, previsto en el artículo 1º constitucional, el cual obliga a las autoridades a ampliar la protección de los derechos y evita cualquier regresión o postergación injustificada. En ese sentido, advirtió que diferir la aplicación plena del derecho hasta el año 2030 significaría convertir un derecho reconocido en una promesa condicionada, alejándolo de su eficacia real.
La diputada subrayó que el debate legislativo no debe centrarse únicamente en indicadores económicos, sino en el equilibrio entre productividad y calidad de vida. “El desarrollo del país no puede construirse sobre el agotamiento permanente de millones de trabajadores; necesitamos un modelo laboral que permita trabajar para vivir y no vivir únicamente para trabajar”, expresó.
Asimismo, recordó que el artículo 123 constitucional forma parte del núcleo social de la Constitución mexicana, resultado de luchas históricas que colocaron la dignidad humana como base de las relaciones laborales. La reducción de la jornada laboral, añadió, se encuentra alineada con estándares internacionales que reconocen el descanso como una condición mínima de justicia laboral, salud física y bienestar emocional.
Romo Fonseca enfatizó que los derechos humanos deben tener eficacia directa e inmediata, por lo que reconocerlos únicamente en el discurso sin garantizar su aplicación práctica contradice el mandato constitucional. Por ello, llamó a que el proceso legislativo avance con claridad normativa y certeza jurídica para asegurar una reforma que realmente beneficie a las y los trabajadores.
Finalmente, la legisladora sostuvo que esta discusión representa una decisión histórica sobre el modelo de país que se quiere construir: uno que priorice el bienestar, la convivencia familiar y el desarrollo humano como parte esencial del progreso nacional.
Con esta postura, la diputada Ana María Romo Fonseca reiteró su compromiso de impulsar reformas que fortalezcan la justicia social, dignifiquen el trabajo y coloquen a las personas en el centro de las decisiones públicas, avanzando hacia un México más justo, humano y equitativo.