La senadora Geovanna Bañuelos celebra la aprobación por unanimidad del Pleno del Senado -88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones-, a su iniciativa que busca garantizar un ambiente y entorno laboral saludable física y mentalmente, libre de discriminación y de violencia, que priorice el bienestar de las y los trabajadores.

En tribuna, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacó que con los cambios a Ley Federal del Trabajo se establece que entre las condiciones de trabajo se deberá contar con el Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo.

“Este Programa deberá contener, por lo menos, las acciones de protección y promoción de la salud mental para el trabajo, que señalen los lineamientos a que se refiere la fracción. Así como un protocolo para la prevención y erradicación de las violencias, incluidas la verbal y económica, y los malos tratos psicológicos que perjudiquen la salud mental de las personas trabajadoras”, detalló Geovanna Bañuelos.

Gracias a su propuesta de ley, se obligará a los empleadores a realizar una jornada de Salud Mental cada seis meses, la cual deberá tener una duración mínima de dos días a fin prevenir y detectar oportunamente trastornos del comportamiento y la conducta, derivados del trabajo, además de generar un entorno laboral saludable libre de todo tipo de violencias.

Geovanna Bañuelos subrayó que es momento de visibilizar a las personas que sufren día con día de alguna enfermedad mental, por lo que llamó a sus compañeros legisladores a establecer las medidas necesarias para asegurar la vida y la salud física y mental de las y los trabajadores.

“La sociedad tiene que aprender que las enfermedades mentales existen, que seguirán existiendo, que no son meras reacciones al estrés de la vida y no son equiparables al malestar cotidiano. Y, que, por lo tanto, debemos saber detectarlas y acogerlas como se debe”, enfatizó la legisladora.

Finalmente, Geovanna Bañuelos, aseguró que es responsabilidad del Estado brindar recursos y diseñar las políticas públicas que apoyen la atención de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos; que ayude a las personas y a las comunidades a desarrollar las herramientas y capacidades para atender las necesidades en materia de salud mental de manera exitosa.