• El diputado de Morena busca garantizar que funcionarios y servidores públicos corruptos vayan a la cárcel

En la máxima tribuna de la entidad, el diputado Ernesto González Romo expuso una iniciativa con proyecto de decreto que pretende modificar el Código Penal del Estado para aumentar las penas en delitos cometidos por servidores públicos vinculados a hechos de corrupción y sancionar a las autoridades que colaboren con el crimen organizado.

El legislador recordó que esta iniciativa forma parte del plan integral parlamentario de seguridad y dijo que en específico el planteamiento de modificar el Código Penal se llama “Ley Genaro García Luna” porque “sanciona a los funcionarios cobardes y corruptos que cometen delitos para beneficiar a la delincuencia organizada.”

Detalló que se trata de castigar a quienes teniendo bajo su mando a cuerpos policiales y contando con atribuciones en materia de impartición de justicia terminen siendo empleados de la delincuencia organizada.

Dio a conocer que con esta propuesta prácticamente se modifica todo el catálogo de sanciones a los servidores públicos tipificadas en el Código Penal a fin de que los funcionarios que incurran en actos corruptos no puedan eludir su responsabilidad argumentando la prescripción de los delitos o bien que éstos no son merecedores de prisión preventiva.

Recordó que a nivel federal se realizó una modificación para que los delitos vinculados a la corrupción ameriten prisión preventiva, lo que hace necesario que en Zacatecas se actualice el marco normativo para garantizar que dichos delitos tengan las penas adecuadas para que jueces y todos los que participan en el sistema de impartición de justicia puedan asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.

Entre otros aspectos, el legislador propone castigar  hasta con 20 años de prisión el ejercicio indebido o el abandono de funciones.  Para el delito de cohecho se plantean hasta 40 años de cárcel.

En ese mismo tenor, propone  se tipifique el delito de cobardía burocrática, el cual cometerá el servidor público que por ceder a amenazas o por recibir un beneficio económico, colabore activamente o mediante omisiones para ayudar a personas u organizaciones delictivas, contribuyendo a la comisión de ilícitos y ayudando a que estos queden impunes, facilitando el traslado de dinero, armas  u otros instrumentos  usados para delinquir. Por este delito se plantea una pena que va de los 35 a los 50 años de prisión.

El legislador finalizó resaltando que el objetivo primordial de su iniciativa es garantizar a los ciudadanos que la corrupción no quedará impune.