En el marco de la visita al congreso estatal del Magistrado Eliseo Juan Hernández, secretario técnico para la implementación a nivel nacional de un nuevo sistema de justicia oral en materia civil y familiar, el Diputado Ernesto González Romo señaló que la “justicia pronta y expedita” dejó de ser un anhelo o un derecho para convertirse en una burla a los miles de ciudadanos que duran años exigiendo justicia y solamente reciben procedimientos interminables. 
Por otra parte, el legislador expuso que el nuevo sistema oral requiere de más gasto para instalaciones, personal y tecnología, pero sería profundamente injusto que se pretenda que Zacatecas pague por ello. 
El Diputado consideró inviable que se aumenten los impuestos a los ciudadanos para pagar el nuevo sistema de justicia. Recordó que es la federación quien recauda los impuestos más fuertes y en el caso de Zacatecas, la actividad económica más lucrativa que es la extracción de minerales, no se puede gravar por el gobierno estatal, por lo que nuestro estado carece de condiciones para inyectar recursos a la burocracia judicial. 
González Romo advirtió también que se debe evitar que esos gastos se conviertan en una autopista para la corrupción ya que la construcción de las nuevas salas de justicia oral podrían estar manchadas por el lastre del diezmo, lo que aumentaría los costos, disminuiría la calidad de las obras y obligaría a que en el futuro se tenga que destinar más dinero para reparaciones. Además, dijo que la compra de software suele ser un negocio redondo para los corruptos ya que nadie puede comprobar el precio real de esos sistemas. 
Lo que ofrecieron todos los grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura fue su disposición para trabajar en las modificaciones legales para armonizar las leyes locales con la legislación federal y que la aplicación del nuevo sistema oral no tenga obstáculos jurídicos.
Por su parte, el Magistrado Hernández dijo desconocer si al momento de aprobar la reforma nacional se realizó un dictamen de viabilidad financiera de las entidades y reconociendo las preocupaciones del Diputado, recomendó que los poderes judiciales del país realicen sus sistemas informáticos con su propio personal para evitar contratar a empresas y lograr así mayores ahorros.