Renata Ávila presenta iniciativas de reforma al Código Penal y la Ley de Salud de Zacatecas.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en Zacatecas mandata que debe reformarse el Código Penal para el delito de aborto.
La reforma al código penal debe darse en la LXV Legislatura o de lo contrario, se caería en un desacato judicial.

Se penaliza el aborto luego de la semana doce de gestación y se crea el delito de aborto forzado.

Dando voz a las mujeres zacatecanas, la diputada petista Renata Libertad Ávila Valadez, presentó dos iniciativas con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, en apego a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en Zacatecas.
El pasado 16 de agosto de 2024, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas recibió el resolutivo del recurso de revisión en materia administrativa 23/2024, mediante el que se mandata al Congreso del Estado de Zacatecas a que reforme el código penal, en materia de aborto.
Ávila Valadez, señaló que dicho resolutivo declara la inconstitucionalidad de los artículos 311, 312 y 313 del Código Penal para el Estado de Zacatecas y mandata su derogación, no obstante, es necesaria la construcción del capítulo de aborto en apego a la sentencia, ya que el tribunal no señaló cambios para los demás artículos de ese capítulo y de solo acatarse la derogación se generaría un vacío legislativo.
Por lo que, en apego al cuerpo del resolutivo, la diputada planteo reformar también el artículo 110 del código, para determinar la temporalidad en que puede ser llevado a cabo un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

El tribunal sugiere, dijo, “que la autoridad legislativa puede guiarse por los parámetros fijados en otra entidad es en donde el derecho a elegir ha sido instrumentado en sus legislaciones… el periodo de doce semanas para interrumpir un embarazo es razonable”, por lo que el artículo 110 se reformaría en dicho sentido.

Expuso que “el tipo penal de aborto autoprocurado o consentido tiene un impacto frontal y directo en la libertad reproductiva de las mujeres de decidir ser madres o no serlo, el cual, es un derecho constitucional que tiene su sustento en la dignidad, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de género y el derecho a la salud”.

Asimismo, apuntó, se crea el delito de aborto forzado para sancionar a aquellos que obliguen a una mujer a abortar, a quienes se le aplicarían de tres a seis años de prisión; del artículo 113 se elimina la frase “no se aplicará sanción” y se cambia por “se consideran como excluyentes de responsabilidad penal”, a la vez que se agrega la inseminación forzada en los casos en que no habrá sanción alguna.

En el mismo sentido, Renata Ávila, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas con el fin de reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, en la que se plantea que las autoridades estatales de salud deberán brindar “la atención integral y bajo un enfoque de derechos humanos a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, o en su caso el aborto, incluyendo la atención psicológica que requiera”.

“El Estado debe garantizar el acceso oportuno, razonable y equitativo de las mujeres y personas con capacidad de gestar a los servicios de interrupción del embarazo, a fin de evitar que una decisión personalísima y autónoma afecte adversamente su salud y coloque en riesgo su bienestar físico, mental o social, como resultado de una práctica inadecuada o peligrosa”, concluyó.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas de Justicia y Salud, respectivamente, de las que Renata Ávila forma parte como secretaría, por lo que se comprometió al impulso y defensa de las reformas recordando a las y los legisladores que la reforma al código penal debe darse o de lo contrario se caería en un desacato judicial.