⦁ Este lunes 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción que busca sensibilizar el gran daño que hace esta problemática a los países en su desarrollo.

⦁ De acuerdo con el INEGI, en 2023 Zacatecas y Nayarit presentaron las prevalencias más bajas con 8.9 % y 9.5 %, respectivamente. En cuanto a la evolución temporal, de 2013 a 2023, Baja California Sur, Colima y Zacatecas se han mantenido entre las entidades con niveles bajos de corrupción.

“El acceso a la información representa una herramienta vital para que la sociedad conozca acciones y actuaciones de los servidores públicos. También proporciona información útil para tomar decisiones, tales como las relacionadas con el retiro digno, el acceso a la salud o la justicia”, afirmó Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Agregó que las herramientas que ha desarrollado y administra el INAI, como la Plataforma Nacional de Transparencia, sirven de insumo fundamental para que, por ejemplo, el periodismo de investigación revele presuntas irregularidades y actos de corrupción.
“El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha está destinada para sensibilizar al mundo entero que la corrupción no es un problema menor en las sociedades actuales; por el contrario, contribuye a la desigualdad, a la pobreza y deslegitima las instituciones democráticas. Como siempre lo he expresado, la corrupción no solo tiene que ver con pesos y centavos, también con actuaciones deshonestas como no asistir a tu responsabilidad, o tener un cargo sin el perfil y la preparación, eso también es corrupción”, declaró.
Mencionó que los indicadores reflejan que hay mucho por hacer en México y ejemplificó que, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126 de 180 países evaluados. Con 31 puntos de 100, estancado en el mismo lugar desde el año 2020.
Agregó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos dice que el 83.1% considera que los actos de corrupción en el país son frecuentes o muy frecuentes. En 2023, 14 de cada 100 personas de 18 años y más que tuvieron contacto con servidoras o servidores públicos experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados.
“La independencia e imparcialidad con la que ha actuado el INAI no es exclusiva del presente sexenio; así lo reflejan nuestras resoluciones. Algunos ejemplos lo demuestran. En 2007, una persona solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) información relativa con cualquier averiguación previa hacia la persona que en ese momento ejercía el cargo de Presidente de la República. La PGR quiso reservar la información por doce años, pero el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, antecesor del INAI) revocó parte de la clasificación”, ejemplificó.
También puso como muestra un caso de 2010, en el que una persona pidió al IMSS los contratos y autorizaciones para la operación de guarderías subrogadas. Aunque el IMSS reservó la información argumentando que esta era materia de una investigación judicial, el IFAI determinó que se debía entregar lo solicitado, incluida la documentación relativa a la Guardería ABC.
Aclaró que las personas deben saber que son las instituciones públicas las que poseen la información requerida, por lo tanto, estas son las responsables de proporcionar lo solicitado.
“Si las autoridades clasifican la información, la declaran como inexistente, la entregan de forma incompleta, entre otras respuestas posibles, la ciudadanía puede interponer un recurso de revisión, una queja, con el INAI. De esta forma, el Instituto es en realidad un árbitro entre las autoridades y la sociedad para garantizar los derechos de la última. El INAI no es quien pide la información” afirmó.
Finalmente comentó que las leyes que rigen aún al INAI no lo facultan para dictar sentencias, ni para combatir frontalmente la corrupción. Mucho menos para destituir funcionarios. Esas funciones pertenecen a otras instituciones, algunas que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo Federal, como a la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en cuya responsabilidad está el control interno del gobierno federal.

“En cuanto se publique la reforma que extingue al INAI y a los 32 órganos locales comienza la cuenta regresiva para la elaboración de las nuevas leyes de acceso a la información y protección de datos personales. Ojalá que sean desarrolladas por conocedores y profesionales por el bien de los ciudadanos y por México”, finalizó.