Durante la sesión ordinaria de este martes, la diputada Renata Ávila Valadez y el diputado Alfredo Femat Bañuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentaron dos iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de las mujeres y atender problemáticas que impactan su seguridad, bienestar y calidad de vida.
La primera de las propuestas, leída por Femat Bañuelos, consiste en un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya las instancias estatales y municipales competentes en materia de prevención del delito, a fortalecer las acciones de prevención, atención, difusión de medidas de seguridad digital, recepción de denuncias e investigación relacionadas con fraudes cometidos a través de redes sociales mediante falsas ofertas de empleo, particularmente aquellas dirigidas a mujeres.
La iniciativa, explicó el diputado, surge ante el incremento de reportes ciudadanos sobre publicaciones fraudulentas difundidas principalmente en Facebook, donde se ofrecen supuestas oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en mecanismos de engaño, extorsión o situaciones de riesgo para las mujeres.
Femat Bañuelos advirtió que estas prácticas no pueden entenderse únicamente como fraudes digitales, pues pueden derivar en delitos de mayor gravedad, incluyendo la trata de personas, la privación ilegal de la libertad y diversas formas de violencia de género.
Asimismo, señaló que la necesidad económica y la búsqueda de empleo generan condiciones que son aprovechadas por quienes operan estos esquemas fraudulentos, por lo que resulta urgente fortalecer la prevención y mejorar los canales de denuncia, así como generar campañas permanentes de información con perspectiva de género.
En el mismo sentido, señaló que la iniciativa busca exhortar a los municipios para que implementen campañas de concientización dirigidas especialmente a mujeres, jóvenes y personas en búsqueda de empleo, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la cultura de seguridad digital.
*LA MENSTRUACIÓN DIGNA COMO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO*
Por otra parte, Renata Ávila dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas en materia de menstruación digna y salud menstrual integral.
La propuesta, detalló Ávila Valadez, reconoce la salud menstrual como un componente fundamental de la salud integral y plantea incorporar en la legislación conceptos como salud menstrual integral, menstruación digna, pobreza y gestión menstruales, con el propósito de que el Estado impulse acciones permanentes de promoción, educación, prevención y generación de información en la materia.
Durante la exposición de motivos resaltados que la pobreza menstrual constituye un problema de muchas dimensiones que involucra barreras económicas, educativas, sociales, culturales y de infraestructura que limitan el acceso a información, productos de higiene menstrual, agua potable, saneamiento y servicios de salud.
Renata Ávila aseguró que, de acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México elaborada por UNICEF, el 66 por ciento de las personas menstruantes llegaron a su primera menstruación con poca o ninguna información previa, mientras que el 75 por ciento desconoce las cuatro fases del ciclo menstrual; Además, el 31 por ciento de niñas y adolescentes menores de 15 años ha faltado a la escuela durante su período menstrual.
Agrega que hay que poner especial atención en la realidad de Zacatecas, donde las condiciones de estrés hídrico y las dificultades de acceso continuo al agua representan un desafío adicional para garantizar una adecuada gestión menstrual.
Entre las modificaciones propuestas por el GPPT, se contempla que la Secretaría de Salud promueva campañas permanentes de información y sensibilización, fortalezca la educación menstrual integral, elabore diagnósticos periódicos sobre salud menstrual y pobreza menstrual, y genere información estadística que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Los promotores señalan que ambas propuestas comparten el objetivo de fortalecer las condiciones que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos, tanto en los espacios como en el acceso a la salud, mediante acciones preventivas, educativas e institucionales que contribuyan a construir entornos digitales más seguros, igualitarios y libres de discriminación.
