La tributación fiscal a la que se obliga a los ciudadanos zacatecanos a través de las distintas leyes y reglamentos para participar en la recaudación de recursos con que se solventen los gastos públicos tiene en contra parte la transparencia y rendición de cuentas.
Desde las obras prioritarias, los programas sociales o la designación que haga el Estado de recursos con cualquier fin, deben de transparentarse a fin de que la ciudadanía que conoce el origen de los mismos, también conozca el destino.
El esfuerzo realizado por los entes públicos y de la sociedad civil, para que existan instituciones capaces de dar a conocer el movimiento de los recursos públicos, su uso e impacto ha sido una lucha permanente para alcanzar los objetivos diariamente.
Tal es caso de la inversión realizada por el Gobierno Estatal, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para solventarlos la inversión destinada a la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019, que luego de varios incidentes exhibieron las complicaciones que previamente habíamos alertado podrían suceder.
Como integrante del Poder Legislativo del Poder Legislativo, así como aquellos ciudadanos que han mostrado un interés particular por conocer el origen y destino, así como el proceso por el cual se determino la ruta del dinero ejercido, encendieron las señales de alerta en el caso en particular.
Los recursos económicos, las personas implicadas y sus responsabilidades, el registro legal de quien como persona o de forma asociada participan en el manejo de ese dinero, representa un compromiso para transparentar ante la sociedad el destino de sus contribuciones.
Actualmente un equipo multidisciplinario revisamos a detalle, en base a los datos proporcionados públicamente, el resolutivo del IZAI y las palabras vertidas por el propio organizador de la feria, ademas de otra información que tenemos, a fin de documentar todos los rasgos que señalen la posible comisión de una falta administrativa o un delito, que, en todo caso, informaremos puntualmente
Será el lunes 30 del presente, cuando presentaremos ante la Opinión Pública y los Medios de Comunicación los datos documentados que serán puestos a consideración de la población, notificados ante el Poder Legislativo.
Hoy más que nunca la sociedad exige transparencia y rendición de cuentas, la representatividad dada a quienes integramos el Legislativo nos compromete, como nunca, a que se den a conocer todos los detalles implicados en los hechos y sucesos ya conocidos.