La Fiscalía General de Justicia informa que dio inicio a una carpeta de investigación el día de ayer 27 de mayo derivado de la denuncia presentada por el apoderado legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Zacatecas (SEDIF) y que motivó la detención de 6 personas por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, todos ellos servidores públicos del municipio de Pánuco, Zacatecas.

Los detenidos; Abraham, Melisa, Isaías, Olivia, Susana y Juan Manuel, irrumpieron en las instalaciones del SEDIF Zacatecas, lesionando al guardia y ocasionando algunos daños; todos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quien determinó con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la libertad inmediata de quien ostenta el cargo de Presidente Municipal, esto en presencia de su Abogado  Defensor,  el Licenciado Juan Martínez Ramos, al igual que las demás diligencias de investigación urgentes e inmediatas practicadas, como su certificación médica; requerimiento procedimental que se realiza a todas las personas detenidas en estricta observancia de sus derechos fundamentales.

En cuanto a la situación legal de los demás detenidos, el Ministerio Público igualmente determinó su inmediata libertad de acuerdo al contenido del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales al tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Cabe señalar que también se certificó su integridad física al momento de ser puestos a disposición, siguiendo los protocolos que garantizan el respecto de sus derechos.

Conforme a lo anterior todos los detenidos enfrentarán su proceso en libertad, la indagatoria con relación a estos hechos sigue abierta y en curso, la Fiscalía General de Justicia seguirá recabando los datos de prueba que lleven al esclarecimiento de estos hechos respetando en todo momento las debidas garantías que en favor de las personas imputadas y víctimas mandata la Constitución General de la República.