Pese a que desde la Constitución Política del país se establece como un derecho humano la no discriminación, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada consideraron que aún persisten prácticas discriminatorias sistemáticas que obedecen a patrones culturales que se han desarrollado en la sociedad mexicana.
Una de estas situaciones se encuentra en el sistema de justicia y tiene que ver con la constancia de no antecedentes penales como requisito para la obtención de un trabajo, lo que frena las posibilidades de la reinserción social de las personas que han cumplido sentencia por algún delito.
Por ello, atendiendo también a los llamados que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para eliminar toda normativa que sustente la permanencia de este acto discriminatorio, las y los legisladores propusieron cambios en la Constitución Política del Estado, en la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones de la entidad y la Ley de Hacienda estatal.