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Prevenir riesgos por las lluvias en colonias y comunidades pide Alma Dávila

Zacatecas es uno de los 10 estados del país que no tiene una normativa específica para la relocalización de asentamientos humanos que actualmente estén en zonas de riesgo ante fenómenos hidro-meteorológicos.

Estas conclusiones de un estudio elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron expuestas por la diputada Alma Dávila Luévano para sustentar una iniciativa que presentó este jueves para que se pueda trabajar entre los distintos niveles de gobierno y dependencias en una reforma integral en la materia.  

En la exposición de motivos, la legisladora expuso que la mayoría de los asentamientos en el estado han crecido sin tener en cuenta un diseño y un equipamiento urbano adecuado para enfrentar contingencias como chubascos, granizadas y tormentas por lo que, al ocurrir, éstos provocan afectaciones que van desde encharcamientos e inundaciones menores hasta tragedias con la muerte de personas y también con costosas pérdidas materiales.

La ausencia de infraestructura básica para enfrentar estos fenómenos, sostuvo, se ejemplifica con la falta generalizada de drenajes pluviales, de alcantarillas y bocas de tormenta, el diseño incorrecto de calles, avenidas y bulevares y la construcción ilegal sobre los cauces de ríos y arroyos.

Ante esta situación, Dávila Luévano propuso exhortar al gobernador Alejandro Tello para que convoque a una reunión entre autoridades de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y de Vivienda, Finanzas, Protección Civil, Jiapaz y el Campo, así como a representantes del INEGI, la Conagua y el Cenapred.

Precisó que el objetivo del encuentro debe ser elaborar un proyecto de reforma integral a la normativa que existe en este ámbito para poder realmente mitigar los riesgos a los que está expuesta la población por los fenómenos hidro-meteorológicos.

Además, en este análisis tendrá que tenerse en cuenta la inclusión del concepto de relocalización de asentamientos humanos que estén ubicados en zonas de riesgo y de las normas que obliguen al estado y sus municipios a intervenir, modificar y corregir la infraestructura pública actualmente deficiente.

Concluyó que esta reforma integral deberá también reforzar y aumentar las sanciones para impedir que las empresas constructoras, los arquitectos y desarrolladores inmobiliarios incumplan la normativa en la materia. Esta iniciativa fue enviada a la comisión legislativa de Agua, Ecología y Medio Ambiente y Cambio Climático.

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